Buena parte de la atención pública, a p ropósito de la prevista reforma de la ley del aborto, se está centrando en la aberración de que las niñas de 16 años puedan abortar sin necesidad de autorización de sus padres. Es evidente que se trata de un disparate jurídico y social, pero la alarma suscitada, corre el riesgo de ocultar el fondo de la gravedad que supone la iniciativa que el Gobierno ha tomado, pese a la fractura social que provoca y a la denuncia de científicos y pensadores. No existe criterio alguno de carácter científico, ético o médico para justificar el aborto. Son solo razones ideológicas, las que asisten al gobierno en su objetivo de ruptura cultural y disolución moral. De ahí que acuda a la mentira de manera constante no ya para ocultar la realidad del drama que supone para toda mujer la interrupción violenta de un embarazo, sino para llegar al extremo de convertir un mal intrínseco en un supuesto bien para la madre. Se oculta así que la principal violencia de género que pueda cometerse es la de convertir u n delito en un derecho y ello disfrazándolo de un progreso social aunque supone, paradójicamente, un atentado en toda regla contra la vida, los derechos humanos y la propia Constitución. Malo es por supuesto que las niñas puedan abortar sin autorización paterna, pero el mal está en la propia mentira que el gobierno propala al declarar el aborto un progreso para la humanidad.